Las intimaciones judiciales en la Ley de secretos empresariales

Con la Ley 1/2019 el legislador español transpone la Directiva Europea 2016/943 y da la necesaria protección a los secretos empresariales. Se trata de aportar seguridad jurídica en un ámbito delicado donde la clave está en ser eficaces. Poco se logra si se prevé la protección del secreto empresarial pero no se establecen medidas eficaces para que este secreto siga siéndolo, y en caso de vulneración, garantizar la adopción de todas las medidas necesarias para recomponer la situación hasta antes de aquella vulneración, minimizando las consecuencias negativas ocasionadas al titular del secreto que haya sido perjudicado, e incluso indemnizarlo debidamente por los daños sufridos. Por último, también se deben adoptar las medidas necesarias para evitar que dicha vulneración se repita en el futuro. Precisamente para maximizar la eficacia de la protección, surge la intimación judicial como una herramienta legal ágil, económica y disponible para los tribunales, que garantiza las acciones civiles previstas en la Ley 1/2019 y el cumplimiento de las resoluciones judiciales adoptadas en este ámbito, cuyo fin último es mejorar las condiciones, el marco para el desarrollo y la explotación de la innovación y la transferencia de conocimientos.