Implementación de blockchain en el sistema judicial público y en los ADR
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Blockchain se presenta como una herramienta complementaria de apoyo, en el sistema judicial público y en los sistemas de resolución alternativa de conflictos (ADR) que, sin ser milagrosa, tiene potencial para mejorar la gestión, transparencia y eficiencia, permitiendo el registro, la verificación de documentos legales y la agilidad en la resolución de disputas.
Sin embargo, su aplicación enfrenta importantes y serios obstáculos regulatorios, legales y operativos, y su adopción es limitada debido a su naturaleza emergente. La falta de desarrollo normativo es uno de los principales obstáculos, ya que la legislación actual no reconoce los registros en blockchain como documentos públicos probatorios válidos. De manera análoga, los contratos inteligentes carecen de un reconocimiento legal explícito que les otorgue fuerza probatoria plena.
Para ello, se propone crear una ley específica sobre el uso de blockchain en procesos judiciales donde se reconozca como medio de prueba y los requisitos que cumplir y un debate sobre la regulación de ADR y plataformas como Keros similar a lo que ha hecho el Reino Unido. Por otro lado, se sostiene que las credenciales verificables digitales, alineadas con eIDAS2, ofrecerían una identificación segura en procesos judiciales, mejorando la autenticación, el acceso a expedientes y la validación interjurisdiccional, agilizando así los procedimientos nacionales e internacionales.
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(c) Lorena Pérez Campillo, 2025
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Lorena Pérez Campillo, Universidad Europea de Madrid
Doctora en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y acreditada por Aneca. Es mentora del programa Legal Tech de ESADE y del Massachussets Institute Technology. A su vez es docente en la Universidad Europea del Máster de PI y Derecho Tecnológico, de Protección de Datos y de Gestión Pública, al igual que del de Grado en Derecho Civil, Teoría General del Derecho y Libertades Públicas y Derechos Fundamentales. Al mismo tiempo es docente del Máster de Derecho de Telecomunicaciones de la UC3M, del Máster de Legal Tech de Universidad San Pablo CEU, del Máster de Inteligencia Artificial de la UDIT. Fue investigadora académica contratada de la Cátedra de Derecho y Genoma Humano. Además, ha obtenido el premio accésit de investigación de la Agencia Vasca de Protección de Datos y el premio al emprendimiento por la UC3M y, recientemente, ha sido nominada como candidata Top Mujeres Líderes (académicas) del año por El Español.
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