La proyectada reforma de la Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura y el «procedimiento para el restablecimiento de la legalidad» cuya instrucción y resolución se quiere atribuir a su propuesta Sección Segunda

La Disposición Final Segunda del Proyecto de Ley de Economía Sostenible que el Gobierno ha presentado al Congreso de los Diputados proyecta crear una nueva Comisión de Propiedad Intelectual en el seno del Ministerio de Cultura, que pasará a estar integrada por dos secciones: la Sección Primera y la Sección Segunda. En particular, a la Sección Segunda se atribuirá la instrucción y resolución de un nuevo procedimiento administrativo llamado «para el restablecimiento de la legalidad» el cual podrá finalizar con la adopción de medidas de restricción a la prestación de servicios de la sociedad de la información, tales como la interrupción del servicio o la retirada de los datos cuando vulneren derechos de propiedad intelectual, pero siempre que su responsable lo lleve a cabo con ánimo de lucro, directo o indirecto, o haya causado o sea susceptible de causar un daño patrimonial. Aunque la ejecución de tales medidas requerirá siempre de la previa autorización judicial mediante auto, siendo el órgano competente para dicha ejecución el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, la atribución a una Administración Pública de competencias para resolver controversias o conflictos entre particulares, sobre derechos (los de propiedad intelectual) de naturaleza estrictamente privada (esto es, unos derechos, aunque sea especial, de propiedad), plantea no pocos interrogantes pasando el asunto por el tamiz del principio de separación de poderes que se consagra en el artículo 117 de la Constitución y cuestiona la neutralidad de la Administración Pública, al no justificarse debidamente en el Proyecto de Ley que con su actuación esté sirviendo, como exige el artículo 103 del texto fundamental, con objetividad, a los intereses generales.