Acceso a datos personales conservados por proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas en investigaciones penales según el Tribunal de Justicia de la UE

El Tribunal de Justicia de la UE reconoce que el acceso, la conservación y cesión de datos personales electrónicos, una de las diligencias de instrucción cada vez más utilizada en el proceso penal, constituye una injerencia en los derechos fundamentales a la vida privada y familiar y a la protección de datos de carácter personal, de forma que si una autoridad pública pretende obtener tales datos precisa de una autorización judicial que debe respetar en todo caso el principio de proporcionalidad y establece, como criterio de apreciación de la proporcionalidad, la gravedad de los delitos. Parece, pues, que el acceso a datos personales electrónicos en la investigación penal deberá limitarse estrictamente a fines de prevención y detección de delitos graves o el enjuiciamiento de tales delitos. De ahí surge la duda que se pretende resolver en este trabajo: ¿el juez de instrucción únicamente puede autorizar la obtención de datos personales electrónicos conservados por prestadores de servicios de comunicaciones cuando se estén investigando delitos graves?; o, en una investigación penal, ¿cabe autorizar una diligencia de obtención y acceso a datos personales electrónicos cuando el delito no es grave? El TJUE ha dado recientemente una respuesta que es preciso analizar, pues sirve para fijar importantes criterios que debe utilizar el juez de instrucción en el juicio de proporcionalidad que fundamenta la autorización de este tipo de diligencias de instrucción.