El uso de las lenguas regionales y minoritarias en la Administración pública y los compromisos del Artículo 10 de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias

El uso de una lengua regional o minoritaria en el trato con las autoridades administrativas es la demostración más clara del estatus jurídico de dicha lengua y claramente entra en el campo de los derechos fundamentales. Esto sucede principalmente cuando el hablante de la lengua minoritaria no conoce la lengua mayoritaria, pero también se da cuando el mismo hablante tiene un dominio de la lengua mayoritaria. El artículo 10 de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias contempla estas dos posibilidades, y enumera un número de situaciones en las que el uso de las lenguas regionales y minoritarias está asegurado, «en la media en que esto sea razonablemente posible». La doctrina establecida por el Comité de Expertos de la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias o Regionales toma en cuenta los distintos grados de intensidad especificados por los estados para la regulación lingüística, por ejemplo respecto a las variaciones entre los niveles estatal, regional y local, y ofrece claros parámetros a seguir. Tanto los informes estatales como los informes de evaluación del Comité de Expertos ayudan a crear una doctrina relevante sobre los derechos lingüísticos que puede ser útil para aquellos estados que no han suscrito la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias o Regionales.