Neo constitucionalisme i educació a Mèxic.

La ciencia del Derecho ante los fenómenos jurídicos, económicos y sociales conducen al surgimiento de nuevos paradigmas así como de formas diversas de actuación ciudadana y de los poderes públicos que, de forma indiscutible, se asocian a la responsabilidad de las Instituciones de Educación Superior en la formación de juristas. Los operadores del Derecho, antes y después de las aulas, deben apropiarse de los elementos del conocimiento jurídico para ser partícipes de su evolución. La trascendencia de la actividad jurídica en la sociedad exige que la formación de licenciados en Derecho no permanezca en estatus de comodidad didáctica, por el contrario, en todo momento debe evaluarse en función de las necesidades de la sociedad, es decir, de la pertinencia de los programas de estudio en el marco de la responsabilidad social y de los retos del orden jurídico nacional y global. El diseño curricular de pregrado y posgrado, ya sea a nivel institucional o vivencial, debe relacionarse con los valores de una ciudadanía crítica y constructiva así como con los parámetros de competitividad y calidad que demanda la 'sociedad del conocimiento' y las políticas nacionales de educación e investigación. Asimismo, los procesos educativos ya no son ajenos a las expectativas de los futuros profesionales que han tenido una formación básica y media superior basada en el desarrollo constructivista del conocimiento, de habilidades y de actitudes. Sin duda los próximos ciudadanos profesionistas exigen y merecen la oportunidad de desempeñarse en un ámbito educativo transformador, inclusivo y enriquecedor.