La Llei general de la Comunicació Audiovisual com a norma bàsica estatal i el seu encaix en el Dret Públic de Catalunya

La aprobación de la Ley estatal 7/2010, de 31 de marzo, general de la comunicación audiovisual representa un hito realmente importante dentro del panorama legislativo de nuestro país. Se puede afirmar que esta Ley supone la culminación de un esfuerzo político y legislativo desarrollado durante décadas, orientado a dotar finalmente a España de una norma básica en materia de servicios de comunicación audiovisual. Por otra parte, también por primera vez nos encontramos ante una norma reguladora de este sector de la comunicación de forma transversal y, por lo tanto, sobre la base de un criterio de neutralidad tecnológica, con una estructura sistemática y que intenta, asímismo, situarse e incluso adelantarse al nivel existente de desarrollo tecnológico. Cataluña se había avanzado al Estado y había aprobado en el año 2005 la Ley 22/2005, de 29 de diciembre, de la comunicación audiovisual de Cataluña, con la voluntad de convertirse en una norma sistemática y reguladora del conjunto de la comunicación audiovisual de Cataluña. Resulta, pues, especialmente interesante analizar algunas de las posibles divergencias o desajustes entre la norma básica estatal y la ley de referencia de la comunicación audiovisual en Cataluña. Todo ello, lógicamente, sin perjuicio de que en algunos casos nos tengamos que plantear, en última instancia, hasta qué punto la Ley estatal encaja con el concepto constitucional de bases o si se mueve dentro de una interpretación excesivamente extensiva que invadiría el ámbito competencial autonómico en materia de desarrollo.