Posición y funciones de los Estatutos de Autonomía en la STC 31/2010

La STC 31/2010, en una línea similar a la que proponía el Informe del Consejo de Estado de 16 de febrero de 2006 sobre modificaciones de la Constitución, ha limitado de forma muy severa las funciones constitucionales de los Estatutos de Autonomía, al tiempo que les ha negado cualquier rango normativo especial que no sea el propio de cualquier otro tipo de ley orgánica. Según la doctrina jurisprudencial mantenida en dicha sentencia, se desprende que los Estatutos de Autonomía no son normas adecuadas para definir las potestades y funciones comprendidas en las competencias que atribuyen a las respectivas Comunidades Autónomas; por ello, aunque puedan “describirlas”, tales disposiciones carecen de fuerza normativa. Tampoco pueden los Estatutos contemplar un posible desarrollo del Estado Autonómico, puesto que las categorías constitucionales que a él pertenecen y aun la determinación de las submaterias sobre las que se ejercen las funciones competenciales constituyen un monopolio interpretativo del Tribunal Constitucional. Esta serie de limitaciones e incapacidades llevan a que los Estatutos de Autonomía no pueden asegurar un ámbito de competencias exclusivas autonómicas porque, en cualquier circunstancia, el Estado tiene capacidad de regular la materia correspondiente a través de sus competencias horizontales y, además, con efecto de primacía. Y, en fin, en lo relativo a las competencias compartidas, el Estado podrá definir lo básico con el detalle que considere oportuno y bajo la forma normativa que estime más conveniente (legislativa, reglamentaria o ejecutiva). Nos hallamos, pues, ante un nuevo intento de declarar finalizado el proceso autonómico privando a los Estatutos del posible ejercicio del principio dispositivo y erradicando en ellos, en adecuado “feedback”, su fuerza normativa y sus funciones constitucionales originarias.