La privatización del control migratorio y sus críticas

La creciente participación de actores no públicos en la implantación de las políticas del control migratorio, conocida como privatización, es una de las innovaciones de creciente importancia en la gestión de los flujos migratorios, con implicaciones para la soberanía, la jurisdicción, la legitimidad o la supervisión pública. La privatización y subcontratación de los servicios tradicionalmente proporcionados por los Estados ha adoptado diversas formas y grados de intensidad. En un creciente número de países los Estados han delegado ciertas funciones a empresas que suministran servicios, tecnología, equipamiento, conocimiento o infraestructuras. En otros casos esta subdelegación se ha realizado a organizaciones sociales y fundaciones privadas sin ánimo de lucro. También se observa la incorporación forzosa de actores privados en la implementación del control, como en el caso de las compañías de transporte de pasajeros. Las críticas a la privatización se centran en la creciente influencia las empresas de seguridad y de tecnología en la toma de decisiones del control migratorio. Se añade la preocupación por los efectos de esta privatización para el conjunto de la política migratoria, debido a la búsqueda de beneficios empresariales por la vía de la expansión y diversificación de las medidas de control y los efectos que la reducción de costes puede tener en la calidad de los servicios y bienes suministrados. También se alude a que estas prácticas de delegación difuminan la responsabilidad legal de los Estados y alejan sus acciones del escrutinio público y de la supervisión institucional.