Por una respuesta democrática frente a la criminalización de la protesta social.

La actuación de diferentes movimientos sociales y la protesta como forma de reclamar medidas tendientes a la obtencón de derechos forma parte de nuestro mundo sociopolítico. Estos reclamos se relacionan con la búsqueda de un piso mínimo de bienestar, pero en sociedades cada día más desiguales alcanzan situaciones en las que se busca la más básica dignidad. Al analizar estas manifestaciones puede verse una articulación de diversas categorías de violencia: personal, estructural y cultural. Mientras los medios masivos de comunicación en general visibilizan a la primera, es necesario que el estudio social comprenda a todas. Por su parte, el poder judicial (y otras instituciones estatales) muchas veces actúa sosteniendo y reproduciendo el mito de la igualdad (que es formal -legal- pero no material). Bajo estas dinámicas culturales es necesario pensar en la manera de democratizar la actividad estatal. Así, modelos restaurativos, participativos y deliberativos aparecen como herramientas a las cuales recurrir ante la criminalización de la protesta y de la pobreza, y de esta manera incidir en la práctica judicial.