La privatización del control penal. Un nuevo mecanismo de exclusión social

Pocas funciones sociales parecen más públicas que las de control policial, la de administración de justicia y la de encarcelación de las personas. Sin embargo, desde hace unas décadas la soberanía estatal se ha visto invadida y en la situación de compartir el uso exclusivo de su poder coercitivo con un emergente sector: el privado. En este contexto, el análisis de las políticas de seguridad y de control penal llevadas a cabo por los Estados -inscriptas como uno de los objetivos prioritarios de los gobiernos y desarrolladas con más fuerza a partir de la década de los ´80- permite comprobar la existencia de un conjunto de factores articulados a su implementación.