¿Quién paga los objetivos públicos en el urbanismo en Inglaterra, los Países Bajos y la comunidad autónoma valenciana?

Cuando es el privado el que ejecuta el Planeamiento, surge la cuestión de los límites de las
prestaciones que la Administración Pública puede exigir: ¿qué infraestructuras, viviendas
sociales y equipamientos públicos han de asumir los agentes de mercado (propietarios del
suelo y promotoras inmobiliarias)? Más allá de la mera financiación de esta infraestructura, se
plantea además la cuestión de si la Administración Pública tiene o no derecho a parte o toda la
plusvalía urbanística. En el Reino Unido, los Países Bajos y España es éste un tema actual,
polémico y objeto de continuas modificaciones legales y de líneas políticas. El presente artículo
presenta datos sobre cómo ha cristalizado el reparto de los costes y de la plusvalía urbanística
en la práctica de reestructuración urbana en estos tres países. Además, plantea posibles vías
de investigación que ayudarían a mejorar el conocimiento acerca de la repercusión de la
legislación y las políticas sobre la práctica urbanística.