La deriva punitiva del Estado español: la criminalización de la protesta.

Tras la crisis del año 2008, el deterioro del Estado social español tuvo como respuesta un auge de las movilizaciones acompañado del surgimiento de nuevos movimientos sociales y nuevas formas de protesta. Frente a esta nueva situación, la respuesta de las autoridades se ha traducido en la represión y criminalización de la protesta, culminándose con la ampliación y el reforzamiento del aparato punitivo estatal a través de la aprobación de la reforma del Código Penal y de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana vigentes desde el año 2015. Así, la protesta se erige como «enemigo simbólico» del neoliberalismo.